El exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Santos Cerdán, podría enfrentar imputación por liderar una red de corrupción que movió al menos 10 millones de euros entre 2015 y 2025, según un informe de 227 páginas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentado el 19 de noviembre de 2025. La trama, que conecta a Cerdán con el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y la multinacional constructora Acciona, giraba en torno a la empresa Servinabar 2000 SL, presidida por Joseba Antxon Alonso. La UCO asegura que cada vez que Acciona ganaba un contrato público, pagaba un 2% de comisión a Servinabar —una empresa en la que Cerdán tenía el 51% desde 2016— y que esos fondos terminaban en bolsillos del entorno político más cercano a él. No fue un accidente. Fue un sistema.
El mecanismo de la trama: 2% y un nombre en la lista
La UCO desglosa un patrón repetitivo: Acciona se presentaba a licitaciones públicas, ganaba —a menudo sin competencia real— y, en cuestión de días, Servinabar recibía un pago. En el caso de la obra de Geoalcali SL en 2024, adjudicada por 56,9 millones de euros, Servinabar cobró 229.259,87 euros. Eso no es una fortuna en el mundo de la construcción, pero sí es un porcentaje exacto: el 2%. Y eso no fue casual. El informe muestra que entre 2015 y 2025, Servinabar ingresó 10 millones de euros, y al menos 6,7 millones de esos fondos se rastrean hasta contratos de Acciona. El resto, según los investigadores, proviene de otras empresas como Erkolan y Noran, sociedades vinculadas a Alonso y usadas como intermediarias.
El esquema era simple: Cerdán, con su cargo en el PSOE, facilitaba el acceso a información privilegiada y presionaba a funcionarios. García, con su experiencia en el Ministerio de Fomento, aseguraba que los requisitos técnicos se ajustaran a las capacidades de Acciona. Alonso, el operador, gestionaba los pagos y los repartía. Y Ábalos, aunque no aparece como firmante de documentos, sí como receptor de fondos. La UCO tiene mensajes de WhatsApp, transferencias bancarias y hasta fotos de Cerdán cenando con directivos de Acciona dos días después de que Pedro Sánchez ganara las primarias del PSOE en 2021. No es coincidencia. Es cronología.
Desde Mina Muga hasta Ibiza: el origen y los lujos
Todo empezó en 2015, con el proyecto Mina Muga, una mina en Navarra que nunca llegó a construirse. Pero sí sirvió para crear Servinabar. En mayo de ese año, Acciona y Servinabar firmaron un contrato de asesoría por 2,8 millones de euros —dinero que, según la UCO, nunca se justificó con trabajos reales. El 10 de junio de 2018, Koldo García le envió a Fernando Merino, exdirectivo de Acciona, dos listas: una con cinco cargos del Ministerio de Fomento, otra con otros del de Medio Ambiente. El mensaje era claro: "Estos son los que controlan las decisiones. Puedes contar con ellos". Y así fue. En 2016, Alonso transfirió el 45% de Servinabar a Cerdán. Un mes después, Cerdán se convirtió en secretario de Organización del PSOE. ¿Casualidad? Los investigadores no creen en ellas.
Y luego está Ibiza. El informe detalla que Cerdán usó una tarjeta corporativa de Servinabar para pagar vacaciones en la isla, cenas en restaurantes de lujo y un viaje en helicóptero a Menorca en 2023. La tarjeta tenía límite de 5.000 euros mensuales. En 2024, el gasto mensual promedio fue de 4.700. La UCO encontró facturas firmadas por él, con la palabra "gastos profesionales" como justificación. Pero no había reuniones. No había proyectos. Solo playas, vino y silencio.
La defensa de Cerdán: "Fue un plan frustrado"
Cerdán niega todo. En una declaración a la prensa, aseguró que la transferencia de acciones fue "un plan frustrado" para salir del partido cuando la situación política era "muy difícil" en 2015. "No era una forma de encubrir mis mordidas —dijo—, sino de buscar una salida digna". Pero la UCO tiene pruebas contrarias: recibió 1,2 millones de euros de Servinabar entre 2017 y 2023, usó la tarjeta hasta el día antes de que arrestaran a García en febrero de 2024, y mantuvo contactos semanales con directivos de Acciona incluso después de dejar el PSOE en 2025. Su defensa no encaja con los datos. Ni con el tiempo. Ni con los emails.
Por su parte, Acciona insiste en que sus alianzas con empresas locales —como Servinabar, Erkolan o Noran— son "prácticas habituales" para cumplir con requisitos de descentralización. Pero la UCO no ve alianzas. Ve estructuras. Y en cada caso, el mismo patrón: contrato público → pago a Servinabar → dinero a Cerdán y su círculo. La multinacional podría ser imputada como persona jurídica. Por primera vez en años, la Justicia mira no solo a los políticos, sino a quienes los financian.
El impacto en la política y la construcción
Este caso no es solo sobre dinero. Es sobre confianza. El PSOE, que ya arrastra el peso de casos como Gürtel y Púnica, ahora enfrenta una acusación que vincula a uno de sus exlíderes con la mayor constructora del país. La imagen de un partido que se presenta como defensor de la ética pública se desmorona. Y en el sector de la obra pública, las empresas pequeñas temen que el juego se vuelva aún más desigual. Si Acciona puede pagar un 2% a una sociedad privada y ganar contratos sin concurso, ¿qué le queda a un contratista de Zaragoza o Cádiz?
El magistrado Puente, que ordenó ocho registros el 18 de noviembre —incluyendo sedes de Acciona en Madrid y Bilbao, y las oficinas de Erkolan y Noran en San Sebastián— ya tiene suficiente para imputar a Cerdán, García y Alonso. Pero no se detendrá ahí. Fuentes judiciales confían en que en los próximos meses se amplíe la lista de imputados, posiblemente incluyendo a funcionarios de las comunidades autónomas donde se adjudicaron obras: Logroño, Sevilla y San Felip de Llobregat. Y si Acciona es imputada, será un precedente histórico: la primera gran empresa constructora española acusada por corrupción sistémica.
¿Qué sigue ahora?
La UCO ha cerrado su fase de investigación. Ahora, el caso pasa a la Audiencia Nacional. El juez Puente tiene 18 meses para decidir si hay pruebas suficientes para llevar a juicio. Mientras tanto, el PSOE ha suspendido temporalmente cualquier referencia pública a Cerdán. No lo desmiente. No lo defiende. Lo silencia. Y eso, en política, también es una respuesta.
Frequently Asked Questions
¿Cómo se descubrió la trama de Servinabar?
La UCO comenzó a investigar tras una denuncia anónima sobre pagos irregulares a Servinabar 2000 SL tras adjudicaciones de Acciona. Al rastrear transferencias bancarias, descubrieron que el 2% del valor de cada contrato público coincidía con ingresos de Servinabar. Luego, al revisar contratos de 2015 a 2025, encontraron el mismo patrón en 17 obras distintas. La clave fue la tarjeta corporativa de Cerdán, que usó hasta el día antes del arresto de Koldo García en febrero de 2024.
¿Por qué se menciona a Ibiza en el informe?
La UCO encontró facturas de hoteles, restaurantes y servicios privados en Ibiza y Menorca pagadas con la tarjeta corporativa de Servinabar, a nombre de Cerdán. Entre 2021 y 2024, gastó más de 80.000 euros en viajes de lujo. No había justificación laboral. Los investigadores consideran que esos gastos son parte del enriquecimiento ilícito, no gastos de representación. La isla se convirtió en símbolo del desfase entre el poder y la ética.
¿Puede Acciona ser imputada como empresa?
Sí. La UCO argumenta que Acciona no fue una víctima, sino un actor consciente: sabía que Servinabar era un canal de reparto de comisiones, y aún así mantuvo contratos con ella durante una década. Si se demuestra que hubo connivencia sistemática, la empresa podría ser sancionada con multas de hasta el 10% de su facturación anual y perder acceso a licitaciones públicas durante cinco años. Es la primera vez que se estudia esta vía en España para una constructora de este tamaño.
¿Qué papel jugó Koldo García?
García fue el puente entre la política y la empresa. Como asesor de Ábalos, tenía acceso a listas de licitaciones, plazos y criterios de evaluación. En 2018, envió a Acciona dos listas con nombres de funcionarios clave. Eso no es asesoría: es manipulación. La UCO lo detuvo en febrero de 2024 tras interceptar mensajes en los que decía: "Ya está todo listo para el próximo contrato en Sevilla". Su testimonio es clave para imputar a Ábalos.
¿Por qué se tardó tanto en investigar esto?
La investigación empezó en 2019, pero se estancó por falta de acceso a documentos internos de Acciona y por la protección política de Cerdán. Solo en 2023, tras una nueva denuncia de un exempleado de Servinabar, la UCO logró que el juez Puente autorizara el acceso a los libros de contabilidad de las empresas. El retraso permitió que se borraran correos, se vendieran acciones y se desviaran fondos. Ahora, la Justicia tiene el tiempo de sobra para actuar.
¿Quiénes más podrían ser imputados?
Además de Cerdán, García, Alonso y Ábalos, la UCO está revisando los nombres de al menos seis funcionarios de las comunidades de Castilla y León, Andalucía y Cataluña que firmaron adjudicaciones relacionadas con Servinabar. También se investiga a dos abogados que redactaron contratos falsos y a un contable que movió fondos a paraísos fiscales. Las imputaciones podrían extenderse en los próximos tres meses.
