El viernes 28 de noviembre de 2025, la Unión Progresista de Fiscales lanzó una advertencia contundente al Tribunal Supremo: publicar ya la sentencia completa contra Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado. Ocho días antes, el 20 de noviembre, el alto tribunal había anunciado su condena —dos años de inhabilitación, una multa de 7.300 euros y 10.000 euros de indemnización a Alberto González Amador—, pero sin revelar ni una línea de la fundamentación jurídica. Y ahí está el quid: nadie sabe por qué se condenó a García Ortiz. Solo que se condenó. Eso no es justicia. Eso es silencio armado con poder.
Un precedente histórico sin explicación
Nunca antes en la historia de la democracia española un Fiscal General del Estado había sido juzgado en un tribunal penal. Nunca. Y ahora, por primera vez, lo ha sido. No por corrupción, no por enriquecimiento ilícito, sino por revelar secretos: información confidencial sobre Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La condena, en sí misma, es grave. Pero lo que ha generado más inquietud no es la pena, sino la ausencia total de razones. El Tribunal Supremo anunció el fallo el 20 de noviembre, y hasta ahora, más de una semana después, sigue sin publicar el texto completo. Ni los argumentos. Ni las pruebas. Ni siquiera los votos particulares —dos jueces disienten— que, según la UPF, podrían cambiar por completo la percepción del caso."Violencia institucional" y el derecho a saber
La Unión Progresista de Fiscales no habla de errores administrativos. Habla de violencia. "Quien es condenado sin conocer los fundamentos de la condena queda expuesto ante la sociedad en una situación que solo puede describirse como una forma de violencia institucional", dice su comunicado. Y no es un lenguaje emotivo. Es un lenguaje jurídico. Porque en una democracia, la motivación judicial no es un detalle técnico: es la columna vertebral del Estado de Derecho. Sin ella, la presunción de inocencia se desmorona. Sin ella, la sociedad no puede juzgar si la sentencia es justa o si fue influenciada por presiones políticas. El propio García Ortiz, según fuentes cercanas, lleva días sin dormir. No por la pena, sino por la incertidumbre. ¿Qué dijo el tribunal? ¿Qué pruebas se usaron? ¿Por qué se le castigó tanto y no a otros que hicieron lo mismo?¿Por qué este caso no puede esperar?
La UPF insiste en un punto clave: este no es un recurso. No hay apelación. No hay tribunal superior que pueda corregirlo. El Tribunal Supremo es el único juez, el único condenador, el único que debe explicar. En otros casos, cuando se retrasa la motivación, hay instancias superiores que pueden revisar. Aquí, no. Si el fallo es erróneo, lo será para siempre. Y si es injusto, lo será sin remedio. "La motivación no es un trámite accesorio: es la garantía democrática esencial", afirma la asociación. Y añade: "Cuando la motivación se dilata durante días o semanas, se debilita la confianza pública, se enturbia el debate democrático y se alimentan sospechas que perjudican a todas las instituciones".La sombra de Isabel Díaz Ayuso
No se puede ignorar el contexto político. Alberto González Amador no es un ciudadano cualquiera. Es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, una de las figuras más polarizadas de la política española. Que el Fiscal General del Estado haya revelado información sobre él —aunque sea confidencial— genera una pregunta incómoda: ¿fue este juicio una respuesta a presiones políticas? ¿O fue una acción independiente que ahora se oculta tras el silencio? La UPF no lo afirma, pero sí lo insinúa con rigor: "La sociedad tiene derecho a conocer por qué se condena, no solo que se condena". Y en un país donde la desconfianza en las instituciones crece año tras año, cada minuto de silencio alimenta la desconfianza.Lo que viene: una prueba de fuego para la justicia
El Tribunal Supremo tiene dos caminos: publicar la sentencia con todos sus matices —incluyendo los dos votos disidentes— o mantener el silencio. Si elige lo segundo, no solo dañará a García Ortiz. Dañará a toda la Fiscalía. Dañará al propio Tribunal. Y dañará a la confianza que la ciudadanía aún tiene en que la justicia no es un arma, sino un escudo. La UPF no pide un favor. Pide un derecho. Y no es un derecho de los fiscales. Es un derecho de todos. Porque si mañana te condenan sin decirte por qué, ¿qué te queda?¿Qué pasa si no se publica?
Si el Tribunal Supremo sigue sin publicar la sentencia, la UPF ha advertido que recurrirá a la Comisión Europea y a la Corte Europea de Derechos Humanos. También podría abrirse una investigación por obstrucción a la justicia. Y en el ámbito político, partidos como PSOE y Podemos podrían exigir una comisión de investigación en el Congreso. La presión no va a bajar. Al contrario. Cada día que pasa, más ciudadanos, abogados y periodistas exigen respuestas. Porque esto no es solo sobre un fiscal. Es sobre si España sigue siendo un país donde las decisiones judiciales se explican, o solo se anuncian.Frequently Asked Questions
¿Por qué es tan importante que se publique la motivación de la sentencia?
La motivación judicial no es un formalismo: es lo que permite verificar que una condena se basa en la ley, no en presiones políticas o mediáticas. En este caso, al ser la primera condena a un Fiscal General en ejercicio, la falta de explicación genera dudas sobre la imparcialidad del tribunal. Sin ella, la presunción de inocencia se rompe y la ciudadanía pierde confianza en la justicia. La UPF lo llama "inseguridad jurídica" y lo define como un daño institucional irreversible.
¿Qué implicaciones tiene que el Tribunal Supremo sea el único tribunal en este caso?
Significa que no hay apelación. No hay segunda instancia que pueda corregir errores. Si la sentencia es injusta, no se puede revisar. Por eso, la motivación es esencial: es la única garantía de que la decisión fue razonada, no arbitraria. En cualquier otro juicio, si hay dudas, se puede recurrir. Aquí, el fallo es definitivo. Y por eso, la transparencia no puede esperar.
¿Quién es Alberto González Amador y por qué es relevante?
Alberto González Amador es la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. No es un funcionario ni un político, pero su estatus público lo convierte en una figura de interés mediático y político. La revelación de secretos relacionados con él fue el delito por el que se condenó a García Ortiz. La vinculación con Ayuso ha generado especulaciones sobre posibles presiones políticas, aunque el tribunal no lo ha confirmado.
¿Qué dice la Unión Progresista de Fiscales sobre los votos particulares?
La UPF señala que la sentencia incluye dos votos particulares que contradicen la condena, lo que sugiere que el fallo no fue unánime. Estos votos, que solo se harán públicos con la sentencia completa, podrían revelar discrepancias jurídicas fundamentales. Ocultarlos es ocultar el debate interno del tribunal, lo que socava la legitimidad del fallo. La organización exige que se publiquen junto con la sentencia para garantizar transparencia plena.
¿Puede el Tribunal Supremo retrasar la publicación indefinidamente?
Técnicamente, sí, pero no es legal ni ético. La Ley Orgánica del Poder Judicial exige que las sentencias se motiven "con claridad y precisión". Aunque no fija un plazo, la jurisprudencia europea considera que un retraso superior a 15 días sin explicación viola el derecho a un juicio justo. La UPF ya ha anunciado que, si no hay respuesta en 72 horas, recurrirá a instancias internacionales, lo que podría generar una sanción para España.
¿Qué pasará con Álvaro García Ortiz si no se publica la sentencia?
Legalmente, la condena ya está en vigor: García Ortiz está inhabilitado y debe pagar la multa. Pero moralmente, está en un limbo. Sin conocer los fundamentos, no puede recurrir, ni defenderse, ni incluso entender qué hizo mal. Su reputación está destruida, pero sin saber por qué. La UPF lo compara con una condena en la sombra: se le castiga, pero no se le explica. Eso no es justicia. Es venganza disfrazada de ley.
